En España la Ley 7/2023, de 28 de marzo, ha transformado la manera en que los dueños deben tratar a sus animales de compañía. La legislación obliga a garantizar condiciones de vida dignas y establece prohibiciones claras sobre el uso de espacios exteriores como domicilio permanente de perros y gatos. Además, la norma regula el empleo de los animales como herramienta publicitaria y protege a las colonias de gatos que habitan en fincas privadas.
Este artículo sintetiza los tres ámbitos principales que la ley aborda: la prohibición de alojar mascotas en terrazas, balcones o patios; la restricción del uso ambulante de animales como reclamo; y la normativa que protege a los gatos comunitarios, incluyendo las sanciones previstas.
Terrazas, balcones y patios: lo que la ley prohíbe
El artículo 27.1.e del texto legal establece que mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y vehículos está expresamente vetado. No basta con disponer de suficiente espacio; la prohibición se centra en evitar que estos lugares se conviertan en el hogar permanente de los animales.
Ámbito de la prohibición
La restricción se aplica a cualquier vivienda, independientemente de si el espacio pertenece al mismo inmueble. Así, una terraza privada, un patio comunitario o un balcón compartido no pueden ser utilizados como dormitorio o zona de reposo principal de la mascota. La norma persigue prevenir situaciones de aislamiento, falta de refugio apropiado y exposición prolongada a factores climáticos adversos.
Excepciones y usos esporádicos
La legislación sí permite que el animal salga ocasionalmente a una terraza o patio, siempre que se garantice su seguridad y bienestar. Un paseo breve, una visita bajo vigilancia o una estancia temporal no se consideran infracción, siempre que no se conviertan en la rutina diaria del animal.
Animales como reclamo ambulante: límites y excepciones
El artículo 25 de la misma Ley protege a los animales de ser utilizados como herramienta visual o emocional en la vía pública con fines comerciales, publicitarios o de cualquier tipo de beneficio económico. Se prohíbe, por tanto, que un perro o un gato sea empleado como «reclamo ambulante» en eventos, tiendas o campañas de marketing.
Derecho de personas sin hogar
La norma incluye una salvedad importante: no se vulnera el derecho de las personas sin techo a acompañarse de sus animales de compañía. En este caso, la presencia del animal no se considera un uso comercial, sino una cuestión de bienestar personal y dignidad humana.
Actividades que también quedan prohibidas
Quedan excluidos de forma automática los espectáculos o atracciones que impliquen dolor, angustia o sufrimiento para los animales. En concreto, la ley prohíbe su uso en carruseles de feria, atracciones mecánicas y en circos cuando se trate de fauna silvestre.
Colonias de gatos en comunidades: gestión y sanciones
El artículo 42 protege a los gatos comunitarios que habitan en jardines, patios interiores o urbanizaciones privadas. Las comunidades de propietarios no pueden retirar, desplazar ni reubicar a estos felinos sin la autorización correspondiente. La gestión debe realizarse mediante el método CER (captura, esterilización y retorno), reconocido como la herramienta legal y eficaz para controlar la población felina.
Multas y gravedad de la infracción
El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones se tipifica como infracción grave. Según los artículos 74 y 76, las sanciones pueden oscilar entre 10.001 y 50.000 euros, variando según la entidad sancionadora (comunidad autónoma o ayuntamiento) y la gravedad del hecho. La multa máxima se reserva para casos de expulsión irregular de colonias o para mantener mascotas en terrazas de forma permanente.
Procedimiento recomendado para conflictos vecinales
Cuando surjan disputas entre vecinos por la presencia de gatos, el organismo competente es el ayuntamiento. Estas administraciones deben organizar programas de esterilización, identificar a los animales y ofrecer soluciones que equilibren el derecho a la convivencia con la protección de la fauna urbana.
La Ley de Bienestar Animal persigue una visión integral del respeto hacia los animales, desde la vida doméstica hasta la presencia de colonias en entornos colectivos, imponiendo sanciones económicas significativas para garantizar su cumplimiento.
