Este martes ha dado inicio en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Burgos un juicio que ha conmocionado a la sociedad española. El acusado, dueño de un criadero de perros en Melgar de Fernamental, se enfrenta a penas de prisión por delitos de maltrato animal y alzamiento de bienes. La Fiscalía y la acusación particular piden entre 18 y 30 meses de prisión respectivamente, en un caso que ha puesto de manifiesto las graves condiciones en las que vivían los animales.
El criadero, autorizado en 2015, fue desmantelado por la Guardia Civil en febrero de 2020, tras una denuncia presentada por la asociación Justicia y Defensa Animal de Burgos. Los agentes encontraron un centenar de perros, el doble de los autorizados, en condiciones deplorables. Algunos de los animales llevaban muertos más de veinte días, y los vivos presentaban signos de desnutrición enfermedades y hasta evidencias de canibalismo.
Condiciones infrahumanas y evidencias de canibalismo
Los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil describieron la situación del criadero como deplorable. Los perros se encontraban abandonados, sin alimentación ni agua adecuada, y en un estado de salud crítico. Los veterinarios y técnicos de la Junta de Castilla y León que realizaron visitas a las instalaciones entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, confirmaron que no se observó una mejoría suficiente en las condiciones de los animales.
Uno de los agentes del Seprona declaró que el acusado había abandonado a su suerte a los animales, dejando de proporcionarles comida y agua. En el registro, encontraron 31 perros vivos y siete muertos, algunos fallecidos hacía casi veinte días. Además, en otras dos propiedades registradas, hallaron otros 37 perros vivos y dos más muertos, uno de ellos oculto en un congelador.
Un caso de reincidencia y abandono
El acusado, que había abandonado España apenas cinco días antes del registro de la Guardia Civil, ya había sido condenado a un año de prisión por maltrato animal en octubre de 2019. A pesar de esta condena, mantuvo el criadero sin mejorar las condiciones de los animales. La acusación particular insiste en la reincidencia del detenido, quien no aceptó la ayuda ofrecida por la asociación Justicia y Defensa Animal para atender a los animales.
La representante de la asociación, Judith Sánchez, declaró que habían ofrecido ayuda al acusado para atender a los animales, pero este no aceptó. Sánchez también confirmó el grave estado en el que se encontraban los perros rescatados: He visto muchas barbaridades, pero como esta nunca antes admitió. La asociación se encargó de los perros supervivientes, tanto los rescatados en la última intervención de la Guardia Civil como en otras previas.
La defensa y las consecuencias legales
La defensa del acusado ha solicitado la absolución, alegando vulneración de derechos fundamentales por no disponer de abogado en todo momento. También cuestionó la extradición desde Venezuela, argumentando que no existen delitos correlativos en la legislación venezolana. Sin embargo, la Fiscalía y la acusación particular mantienen sus peticiones de prisión, destacando la gravedad de los hechos y la reincidencia del acusado.
El juicio continuará el viernes con las declaraciones de peritos. Mientras tanto, la sociedad española sigue atenta a este caso, que ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor protección para los animales y de un sistema judicial más riguroso contra el maltrato animal.
