La enfermedad de Newcastle, un virus altamente contagioso que afecta a las aves, está causando estragos en Castilla y León. Desde su detección inicial en una granja de pollos en Aldea de San Miguel, Valladolid, el brote se ha extendido a cinco provincias, con un total de 27 focos confirmados. La última notificación se registró en Santiuste de San Juan Bautista, Segovia, el pasado martes.
Esta infección, de declaración obligatoria según la normativa de la Unión Europea, ha llevado al sacrificio de más de 1,5 millones de aves en la región, incluyendo 860.000 pollos, 560.000 aves de puesta y 173.000 de recría. La gravedad de la situación ha impulsado a la Junta de Castilla y León a implementar un plan de control y vigilancia intensificada en una zona de restricción adicional que abarca trece áreas veterinarias.
Impacto económico y medidas de prevención
Castilla y León alberga uno de los sectores avícolas más importantes de España, crucial para la producción de carne y huevos, el empleo y la economía rural. Ante la amenaza de la enfermedad de Newcastle, la Junta ha priorizado la vacunación y ha reforzado la coordinación con laboratorios fabricantes de vacunas para asegurar un suministro estable.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, destacó la importancia de la rapidez en la distribución de vacunas: «Cada día cuenta para contener la enfermedad, evitar su propagación y proteger las explotaciones». Las necesidades de vacunación en la región se estiman en alrededor de 215 millones de dosis anuales, y los laboratorios han confirmado que podrán atender esta demanda.
El plan de control incluye medidas especiales como la regulación de movimientos de aves, condiciones de sacrificio, encuestas de bioseguridad y vigilancia epidemiológica. La Junta ha destinado 1,5 millones de euros para el sacrificio, retirada y eliminación de aves afectadas, así como para la limpieza y desinfección de las instalaciones.
Coordinación y mando único
Pino también ha reclamado un mando único en sanidad animal compartido entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación y las comunidades autónomas. Este mando permitiría una respuesta coordinada y eficaz ante enfermedades ganaderas, protegiendo a los ganaderos y garantizando la continuidad de la actividad productiva.
«La sanidad animal necesita una dirección clara, protocolos comunes y capacidad para actuar con rapidez. Queremos proteger a los ganaderos, contener la enfermedad y garantizar la continuidad de la actividad productiva», subrayó el consejero. Además, se ha suspendido temporalmente la venta directa de productos avícolas en las zonas restringidas.
Expansión del brote y medidas drásticas
En apenas siete meses, la enfermedad de Newcastle ha causado el sacrificio de más de dos millones de aves en España, con casi 40 focos registrados. Castilla y León concentra 24 de los 34 brotes, afectando a más del 84% del total nacional. La situación ha llevado a la Junta a declarar la emergencia y a aprobar una partida inicial de 1,5 millones de euros para sufragar los costes del sacrificio y la desinfección de las explotaciones.
Ante la rápida propagación del virus, las autoridades han endurecido las medidas de control. Desde el 1 de septiembre, se impondrá la vacunación obligatoria en todas las explotaciones comerciales de producción y reproducción. Aunque la vacunación no garantiza una protección absoluta, sigue siendo la mejor herramienta para reducir la gravedad de los brotes y limitar la difusión del virus.
La enfermedad de Newcastle no supone ningún riesgo para las personas, pero tiene un enorme impacto económico. Cada foco implica el sacrificio obligatorio de todas las aves de la explotación, restricciones al movimiento de animales y productos avícolas, y un largo proceso de limpieza y desinfección antes de poder retomar la actividad. Estas medidas reducen la producción y disparan los costes de las granjas, afectando a la oferta de huevos y carne de pollo.
