En el transcurso del presente mes de octubre, la localidad de El Royo, en la provincia de Soria, fue escenario de un triste incidente canino. Una mujer caminaba con su Jack Russell, sujetado a la correa, cuando dos perros de raza American Bully salieron de una vivienda cercana y lo atacaron. El ataque, de corta duración pero de gran violencia, acabó con la vida del pequeño perro.
Tras los hechos, la Guardia Civil de Soria recibió la alerta a través de su Central Operativa de Servicios. Los agentes se desplazaron al lugar, recogieron la versión de la propietaria del animal fallecido y, a partir de allí, iniciaron la investigación que culminó con la detención del propietario de los American Bully por presunto delito de maltrato animal con resultado de muerte en modalidad de comisión por omisión.
Los hechos en la calle de El Royo
Según la declaración de la dueña del Jack Russell, el suceso ocurrió mientras paseaba por una calle del núcleo urbano. De repente, dos perros de gran musculatura y mandíbula potente, identificados como American Bully, abandonaron el interior de una vivienda y se lanzaron sobre su mascota. La agresión fue tan intensa que el perro no pudo ser socorrido y murió en el acto.
Los testigos que presenciaron la escena describieron a los agresores como ejemplares de aspecto robusto, cruzamiento no especificado, que mostraban un comportamiento agresivo y que no estaban sujetos a ningún tipo de sujeción. La víctima, al ser un Jack Russell, resultó particularmente vulnerable ante la fuerza de los perros atacantes.
Intervención de la Guardia Civil y SEPRONA
Una patrulla de la Guardia Civil llegó al lugar y procedió a identificar al responsable de los dos American Bully. Al interrogar al propietario, los agentes solicitaron la documentación sanitaria de los animales y el justificante del seguro de responsabilidad civil exigido por la normativa. El hombre no pudo presentar ninguno de los documentos en ese momento, lo que reforzó la sospecha de negligencia.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) abrió una investigación para determinar si se habían incumplido las obligaciones de vigilancia y control que la legislación impone a los propietarios de perros potencialmente peligrosos. La diligencia inicial fue gestionada por el Puesto de la Guardia Civil de Covaleda y, posteriormente, el caso quedó bajo la jurisdicción del SEPRONA de la Comandancia de Soria, cuyas actuaciones se remitieron al Decanato de los Juzgados de Soria.
Marco legal y posibles sanciones
El artículo 340 bis 3 del Código Penal establece que el maltrato animal con resultado de muerte conlleva penas de prisión de doce a veinticuatro meses, así como la inhabilitación especial de dos a cuatro años para ejercer cualquier actividad relacionada con animales. Además, la normativa de animales potencialmente peligrosos no se limita a las razas expresamente catalogadas; también incluye cruces y ejemplares con determinadas características morfológicas, como fuerte musculatura, complexión robusta y mandíbulas potentes.
En este caso concreto, la falta de control del propietario se tipifica como omisión de las medidas de seguridad exigidas: no había collar, bozal ni valla que impidieran el escape, y tampoco se había contratado el seguro de responsabilidad civil. Estos incumplimientos son precisamente los que pueden derivar en la pena de prisión mencionada y en la prohibición de tenencia de cualquier animal similar durante el período de inhabilitación.
Obligaciones del titular de un perro potencialmente peligroso
La legislación obliga al titular a mantener al animal bajo su custodia permanente, a disponer de un seguro que cubra posibles daños a terceros y a registrar al perro en el registro municipal correspondiente. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos puede considerarse delito de omisión y conllevar las sanciones penales y administrativas descritas.
El caso de El Royo sirve como recordatorio de la necesidad de una tenencia responsable. La falta de vigilancia no solo amenaza la vida de otros animales, sino que también pone en riesgo la seguridad de las personas, en especial de los menores, que son más vulnerables a este tipo de agresiones.
