La convivencia en comunidades de vecinos puede volverse compleja cuando se trata de la tenencia de mascotas. Una reciente sentencia en Galicia ha puesto de manifiesto los límites legales y las posibilidades que tienen las comunidades de propietarios para regular la presencia de animales de compañía.
La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y la Ley de bienestar animal (LBA) establecen un marco legal que, aunque no es explícito, permite ciertas interpretaciones. La sentencia dictada en Vigo ha aclarado algunos de estos puntos, generando un precedente importante para futuros casos.
El caso de Nigrán: una prohibición con antecedentes
En un edificio de Nigrán, provincia de Pontevedra, los vecinos aprobaron en 2010, por unanimidad, prohibir la presencia de cualquier animal en los pisos y zonas comunes, con la excepción de los perros guías. Esta decisión se ratificó en 2011 y se incorporó a los estatutos de la comunidad.
La situación se complicó cuando, en 2026, una familia adquirió un caniche. Los vecinos celebraron una junta general extraordinaria para revalidar la norma de 2010, lo que llevó al dueño del perro a acudir al juzgado en marzo de 2026, argumentando que la norma era abusiva y contraria a la LBA.
La importancia del contexto y la información previa
La jueza de Vigo subrayó un dato clave: el vecino en discordia conocía la existencia y el contenido de la norma antes de adquirir el caniche. Además, la prohibición se aprobó en parte a instancias de su padre, quien ya vivía en el inmueble. Esto demostró que el afectado estaba informado de la prohibición.
El dueño del perro argumentó que el contexto legal había cambiado desde 2010, especialmente con la entrada en vigor de la LBA en septiembre de 2026, que reconoce a las mascotas como seres sintientes. Sin embargo, la jueza no consideró suficiente este argumento para anular la decisión de la comunidad.
La Ley de Bienestar Animal y sus limitaciones
La LBA establece que los dueños de animales de compañía deben mantenerlos integrados en el núcleo familiar y en buen estado de salud e higiene. Sin embargo, también permite que se establezcan limitaciones legítimas cuando respondan a razones de convivencia, salubridad o interés general.
La norma no establece un derecho absoluto e ilimitado a la tenencia de animales de compañía, sino que deja espacio para que las comunidades de vecinos regulen esta cuestión siempre que sea de manera justa y proporcional.
La LPH, por su parte, recuerda que los dueños de apartamentos y sus inquilinos no pueden desarrollar actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
Sin embargo, cada caso debe analizarse de manera individual, considerando el contexto y las particularidades de cada situación.
