El pasado 13 de noviembre la Guardia Civil, a través del cuerpo especializado SEPRONA, acudió a una explotación porcína situada en el paraje Tras Arba, en Tauste (Zaragoza). La visita se produjo tras la denuncia urgente presentada por la fundación Igualdad Animal, que entregó material audiovisual en el que se observan cadáveres de lechones y cerdos jóvenes dentro de los mismos corrales donde permanecen animales vivos.
Según los registros de la fundación, las imágenes fueron capturadas en octubre, mostrando una serie de situaciones que, de confirmarse, vulnerarían la normativa de bienestar animal. La entidad solicitó una inspección inmediata para que se evaluara el estado sanitario de los cerdos, se atendieran los posibles heridos y se determinaran las causas de muerte de los ejemplares fallecidos.
Denuncia y actuación del SEPRONA
El cuerpo SEPRONA, responsable de la protección de la naturaleza y del control sanitario de explotaciones ganaderas, realizó una inspección de urgencia el viernes mencionado. Durante la visita, los agentes comprobaron la existencia de cadáveres en distintos puntos de la instalación: tanto en fosos de purín bajo áreas de parto como en corredores ocupados por cerdas reproductoras. La fundación exigió que se documentaran los restos y que, de ser necesario, se practicaran necropsias para esclarecer las causas de fallecimiento.
Condiciones halladas en la explotación
El material presentado incluye varios hechos alarmantes: lechones muertos sumergidos en purines, una cerda con una gran herida abierta y tejido expuesto, otro cerdo con la cara inflamada y signos de lesión, acumulaciones de excrementos que dificultan la higiene del recinto y la presencia de roedores, tanto vivos como muertos, rondando las áreas de cría. Además, se observan cerdos mordiendo los cuerpos en descomposición, lo que indica una falta de gestión adecuada de los cadáveres.
Marco legal y precedentes en Aragón
La legislación española obliga a inspeccionar a los animales al menos una vez al día, atender sin dilación a los que estén heridos o enfermos y retirar los cadáveres inmediatamente. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en multas de hasta 100.000 euros, la suspensión de la actividad o incluso el cierre definitivo del establecimiento. En febrero de 2026, Igualdad Animal había documentado situaciones similares en nueve granjas de Zaragoza y Teruel; sin embargo, la autoridad agrícola de Zaragoza decidió no abrir expediente sancionador, alegando que la mera presencia de cadáveres no prueba desatención. Esa postura fue cuestionada en el Parlamento aragonés, donde el diputado Miguel Jaime solicitó explicaciones al Consejero de Agricultura.
Hasta la fecha, el Instituto Armado ha confirmado que la investigación sigue en curso, aunque no ha revelado detalles adicionales. La empresa propietaria de la granja no ha respondido a los pedidos de información, y el Gobierno de Aragón aún no ha comunicado si existen inspecciones veterinarias previas ni si se ha abierto algún expediente sancionador. La situación se mantiene abierta y su evolución dependerá de los resultados de las diligencias realizadas por los servicios oficiales.



