En el municipio de Barreiro, la propuesta de construir un parque canino ha encendido un intenso debate entre los propietarios de mascotas y la administración local. El consentimiento de los usuarios finales es un principio cada vez más defendido en el diseño de espacios públicos, pero en este caso los perros no fueron consultados directamente, lo que ha generado una fuerte oposición.
El proyecto contempla una superficie total de 1.105 metros cuadrados dividida en dos recintos: uno para perros de gran tamaño y otro para los más pequeños. Además de la delimitación, el plan incluye elementos de agilidad bancos, bebederos y una red de cerco. Los expertos en comportamiento animal advierten que lo que realmente necesita la comunidad canina son zonas abiertas con desniveles, césped y árboles, algo que ya existe en la zona sin coste alguno. El presupuesto previsto supera los 168.000 euros, una cifra que muchos vecinos consideran innecesaria.
Críticas de los vecinos y errores de planificación
Un colectivo de 108 familias ha manifestado su rechazo al proyecto, pidiendo una intervención mínima y la preservación del entorno natural. Argumentan que la mayor fuente de problemas en los parques no son los equipamientos, sino la falta de educación cívica: propietarios que no recogen los excrementos o que no socializan a sus animales. La Policía Local ya ha advertido que vigilará a los habitantes sospechosos de incumplir la normativa, aunque la medida ha sido recibida con ironía por parte de los críticos.
Una anécdota curiosa reveló que la convocatoria oficial del proyecto se publicó sin los planos necesarios; tras la corrección, los documentos incorporaron coordenadas UTM que, por un error, correspondían a la localidad de Arteixo, en A Coruña, en lugar de Barreiro. Este desliz técnico subraya la sensación de desconexión entre la administración y la comunidad a la que se dirige la obra.
¿Qué dice la legislación sobre correa y multas?
En todo el territorio español, la Ley 7/2023 de bienestar animal establece obligaciones generales de seguridad, mientras que cada comunidad autónoma y municipio define en sus ordenanzas los lugares donde los perros pueden circular sueltos. El artículo 25 prohíbe dejar animales sueltos en espacios protegidos, como parques nacionales o cañadas con ganado, para evitar daños a personas y al medio ambiente. El artículo 27 también prohíbe que los animales de compañía deambulen sin la supervisión directa de su responsable.
Cuando se infringe alguna de estas normas, la responsabilidad recae en la persona que acompaña al animal. Las sanciones van de 300,52 a 2.404,05 euros para infracciones graves, y pueden alcanzar los 15.025,30 euros en casos catalogados como muy graves, como liberar a un perro potencialmente peligroso sin bozal ni cadena. Para estos últimos, la Ley 50/1999 y el Real Decreto 287/2002 exigen bozal, correa no extensible de menos de dos metros y prohibición de llevar más de un animal de este tipo simultáneamente.
En la práctica, la normativa implica que incluso un perro dócil que responde a la llamada debe ir atado si la ordenanza local lo estipula. Un ruido inesperado, otro animal o cualquier estímulo puede desencadenar una fuga, y el dueño será responsable de los daños ocasionados, independientemente de la conducta habitual del perro.
