El verano de 2026 dejó a Aragón marcado por una serie de incendios forestales que arrasaron más de 44.000 hectáreas y provocaron el cierre temporal de cientos de pequeñas y medianas empresas (pymes) y negocios autónomos. Ante la magnitud del daño, la administración autonómica aprobó una línea de ayudas urgente destinada a aliviar la carga económica de los perjudicados.
El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó la orden que abre un fondo de 3 millones de euros, extraído del presupuesto de contingencia, para financiar la reparación de inmuebles, la reposición de maquinaria y cubrir el lucro cesante durante el mes siguiente al inicio del incendio. Cada beneficiario podrá percibir un máximo de 10.000 €, y el total del programa podrá ampliarse si el presupuesto lo permite.
¿Quién puede solicitar la ayuda de hasta 10.000 €?
Las solicitudes están abiertas a pymes y a trabajadores autónomos que hayan sufrido daños directos en sus locales, equipos o inventario, así como a quienes hayan experimentado interrupciones de actividad. Para ser considerado, el gasto debe encuadrarse dentro de las categorías definidas por la consejería: reconstrucción de edificios, reposición de utillaje, limpieza de cenizas, descontaminación y, en caso de pérdida de ingresos, el llamado lucro cesante. No se financiarán impuestos recuperables, ni obras de mejora o preventivas.
El procedimiento es competitivo pero simplificado: los interesados deberán presentar la documentación completa a través de la plataforma https://www.aragon.es/busqueda-detramites con el número de trámite 11932. El plazo de presentación es de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el BOA. La resolución se dará en un máximo de mes y medio, pudiendo entregarse pagos anticipados cuando la reparación sea urgente.
Compensación horaria para los agricultores colaboradores
Paralelamente, el Gobierno regional ha puesto en marcha una ayuda pecuniaria dirigida a los agricultores que aportaron sus tractores y cubas para crear franjas de defensa o transportar agua durante la temporada de incendios. La orden, también publicada en el BOA, establece dos tarifas: 70 € por hora para quienes labraron franjas de defensa y 35 € por hora para los que realizaron labores de apoyo, como el suministro de agua.
Para recibir la compensación, cada agricultor debe presentar un certificado expedido por el ayuntamiento del municipio donde se prestó el servicio, acreditando las horas trabajadas. Las solicitudes pueden tramitarse electrónicamente o en oficinas de registro, y la Dirección General de Interior y Emergencias será la responsable de resolverlas antes del 21 de octubre.
Hasta el momento, la administración ha identificado cerca de 40 municipios –entre ellos Barbastro, Alcampell, Tamarite de Litera y Jaca– donde se registraron actuaciones de los agricultores. La medida reconoce que, en una comunidad tan extensa y poco poblada como Aragón, la maquinaria agrícola privada constituye la primera línea de defensa frente al fuego.
Compatibilidad y requisitos adicionales
Las subvenciones para pymes son compatibles con otras ayudas públicas o privadas, siempre que la suma total no supere el 100 % del daño comprobado. En la evaluación final se descontarán los importes recibidos de seguros, otras subvenciones o indemnizaciones. En el caso de los agricultores, el certificado municipal debe incluir la fecha, el tipo de labor y el número de horas, y la ayuda se pagará una vez verificada la autenticidad del documento.
En ambos programas, los beneficiarios deben garantizar que las obras o los pagos anticipados se ejecuten en el plazo máximo de un año desde la notificación de la resolución. De no cumplirse, se podrán revocar los fondos y exigir la devolución del importe recibido.
Con estas iniciativas, el Ejecutivo aragonés, liderado por el presidente Jorge Azcón, busca ofrecer una respuesta económica rápida que complemente la acción de los servicios de emergencias y alivie a los sectores más golpeados por la devastación del verano. La combinación de recursos para empresas y reconocimiento económico para los agricultores refuerza el modelo de cooperación entre el sector público y la iniciativa privada en situaciones de catástrofe.
