La temporada cinegética 2026-2027 se ha iniciado bajo una sombra legal que ha modificado abruptamente la actividad tradicional de los cazadores en Castilla y León. La medida cautelar dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) responde a la solicitud del colectivo ecologista SEO/BirdLife, que había puesto en tela de juicio la viabilidad de la captura de determinadas especies bajo la Orden de Vedas vigente.
El auto fechado el 4 de noviembre establece, de forma provisional, un cupo máximo de cero ejemplares para cada una de las especies señaladas, lo que implica que, mientras se resuelva el procedimiento judicial, ningún cazador podrá aprovecharse de ellas. Esta decisión se adoptó de forma urgente y sin previa audiencia a la Junta de Castilla y León, que dispone ahora de un plazo de tres días para presentar sus alegaciones.
Especies suspendidas y alcance de la medida
Las cinco aves incluidas en la prohibición son la becada (Emberiza calandra), la avefría europea (Motacilla cinerea), la agachadiza común (Lullula arborea), la agachadiza chica (Lullula pallidula) y el silbón europeo (Anthus pratensis). Cada una de ellas presenta hábitos migratorios que la hacen vulnerable en periodos críticos, y la autoridad solicitante argumentó que la normativa vigente no garantizaba la conservación adecuada.
Es importante destacar que otras aves populares, como los zorzales, no forman parte de la resolución. Por tanto, su caza sigue permitida dentro de los límites establecidos por la normativa autonómica. Los gestores de cotos y las sociedades de caza deberán revisar sus planes de acción y evitar cualquier captura de las especies citadas, bajo riesgo de incurrir en sanciones.
Reacciones institucionales y comparativa con la decisión en Madrid
Ante la medida, la Federación de Caza de Castilla y León, junto con la Real Federación Española de Caza, ha iniciado un análisis jurídico para evaluar posibles recursos. La Junta, por su parte, ha recibido el plazo de tres días para exponer sus argumentos y, según declaraciones del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, se está elaborando un dossier técnico con datos científicos que pretenden demostrar que la caza regulada aporta beneficios de gestión poblacional.
La suspensión en Castilla y León se produce pocos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantara una restricción similar que había afectado a nueve especies, entre ellas la becada, la codorniz y varios zorzales. La divergencia entre ambas decisiones pone de relieve la complejidad de equilibrar la conservación de la fauna con la tradición cinegética, y subraya la importancia de los recursos judiciales como mecanismo de última instancia.
Consecuencias para la actividad cinegética y próximos pasos
Los cazadores, los propietarios de cotos y las comunidades rurales deben adaptar sus calendarios y respetar el límite de cero ejemplares hasta que el proceso judicial concluya. La restricción afecta tanto a la caza menor como a la comercialización de ejemplares, lo que repercute en actividades complementarias como la venta de trofeos y la organización de concursos de caza menor.
Mientras tanto, la Junta de Castilla y León ha anunciado que presentará sus alegaciones dentro del plazo legal y que, apoyada en informes técnicos, buscará revertir la suspensión con un argumento basado en datos y rigor científico. El desenlace del expediente determinará si la caza volverá a regirse por los cupos habituales o si se establecen nuevas limitaciones para asegurar la conservación de las poblaciones aviares.
