En los últimos meses, dos tribunales superiores han intervenido de forma directa en la regulación de la caza de aves en la península ibérica. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) impuso una medida cautelar que bloquea la captura de cinco especies, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) revocó una orden similar y permitió que nueve especies vuelvan a ser objeto de caza en la capital. Ambas decisiones se enmarcan dentro de un debate que reúne a organismos medioambientales, federaciones cinegéticas y autoridades autonómicas.
Suspensión provisional en Castilla y León
El TSJ de Castilla y León emitió un auto cautelar que fija a cero el número máximo de piezas que pueden ser abatidas de la becada (scolopax rusticola), la avefría europea (vanellus vanellus), la agachadiza común (gallinago gallinago), la agachadiza chica (lymnocryptes minimus) y el silbón europeo (mareca penelope). La medida responde a la solicitud de protección presentada por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), que advirtió sobre el descenso sostenido de esas poblaciones.
El juzgado concedió a la Junta de Castilla y León tres días para presentar las alegaciones que estime convenientes, aunque, hasta la fecha, la respuesta oficial no ha sido publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). La orden de caza contestada era una de las primeras emitidas por el nuevo consejero de Agricultura, Antonio Pino, nombrado tras el pacto de gobierno entre el PP y Vox. La normativa regional permite la caza de cualquier ave, independientemente de su estado de conservación, pero son las órdenes de caza las que establecen los cupos y periodos de captura.
La Federación de Caza de Castilla y León y la Real Federación Española de Caza han instado a sus socios a respetar la prohibición mientras el proceso judicial se resuelve, advirtiendo que un incumplimiento podría acarrear sanciones. Por su parte, SEO/Birdlife critica la falta de datos fiables: «En algunos censos solo se registra un ejemplar, pero en la temporada anterior se abatieron 17».
Levantamiento de la medida en la Comunidad de Madrid
En contraste, el TSJM de Madrid concluyó que no existían pruebas suficientes de un perjuicio irreversible para la conservación de las nueve especies involucradas: becada, codorniz común, paloma zurita, zorzal alirrojo, zorzal real, corneja negra, paloma bravía, perdiz roja y urraca. La decisión se basó en dos informes científico-técnicos elaborados por la Fundación Artemisan, que mostraron que la caza no compromete la viabilidad de esas poblaciones y evaluaron el impacto económico, social y ambiental de la paralización.
Fundación Artemisan, junto a la Comunidad de Madrid, la Real Federación Española de Caza y la Federación Madrileña de Caza, presentó una oposición formal al mantenimiento de la suspensión, aportando también un análisis de las repercusiones sobre la actividad agraria y la seguridad aérea. El tribunal, al estimar que la evidencia no sustentaba la medida cautelar, la anuló sin imposición de costas, aunque el procedimiento judicial sigue abierto.
Reacciones y perspectivas legales
Los organismos ecologistas, liderados por SEO/Birdlife, mantienen la posición de que la normativa regional necesita una revisión profunda para adaptar los cupos a la realidad poblacional de cada ave. En Castilla y León, la petición de la Junta de alegar ante el tribunal todavía está pendiente, mientras que la Federación de Caza advierte a sus afiliados que deben cumplir estrictamente la orden hasta que sea revocada de forma definitiva.
En Madrid, la resolución del TSJM se percibe como una victoria para el sector cinegético, que defendió la sostenibilidad de la actividad y su papel en la gestión del territorio rural. La Fundación Artemisan anunció que continuará presentándose ante futuros intentos de paralizar la caza sin fundamentos científicos sólidos. Ambas regiones evidencian, pues, la complejidad de equilibrar la conservación de la avifauna con los intereses económicos y culturales de la caza.
La justicia está llamando a una mayor coordinación entre autoridades autonómicas, científicos y colectivos cinegéticos. Mientras Castilla y León espera una posible revisión de sus cuotas, Madrid ya ha reactivado la actividad, marcando un escenario de contrastes que seguirá evolucionando conforme se presenten nuevos informes y decisiones judiciales.
