En los últimos meses la caza de aves ha pasado del terreno de la tradición a convertirse en tema de debate judicial y científico a nivel europeo. Dos recursos interpuestos por la ONG SEO/BirdLife han provocado la suspensión de la actividad cinegética para varias especies en la Comunidad de Madrid y en la isla de El Hierro, mientras que un estudio liderado por el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) ha publicado un semáforo de sostenibilidad que coloca a seis especies en la zona roja, señalando riesgo de sobreexplotación. A este escenario se suma la reciente incautación en Italia de cazadores que utilizaban dispositivos electrónicos de reclamo, considerados ilegales bajo la legislación nacional y europea.
Orden cautelar en Madrid y El Hierro: la intervención de SEO/BirdLife
El tribunal superior de Justicia de Madrid, a raíz del recurso presentado por SEO/BirdLife, dictó una orden cautelar que impide la caza de nueve especies cinegéticas, entre ellas codornices, palomas zuritas, zorzales alirrojos, perdices rojas y urracas, durante la actual temporada. En paralelo, la isla de El Hierro en Canarias experimentó la misma medida para la codorniz común. La organización ecologista argumenta que las comunidades autonómicas no han publicado censos de población, ni han establecido cuotas de captura respaldadas por datos demográficos, lo que vulnera la normativa europea de conservación.
Estos fallos judiciales, aunque todavía en fase de tramitación, podrían sentar precedentes para futuros recursos en otras comunidades. La ausencia de informes de tendencia poblacional y de límites de captura se convierte así en elemento clave para la defensa de la biodiversidad, obligando a las autoridades a revisar sus planes de gestión cinegética antes de autorizar temporadas de caza.
El semáforo de sostenibilidad del IREC y la polémica de Beatriz Arroyo
Un estudio internacional publicado en el Journal of Applied Ecology y financiado por la Comisión Europea ha introducido el Índice de Sostenibilidad de la Caza (SHI), un “semáforo” que evalúa la extracción real de individuos frente a una extracción potencial calculada a partir de parámetros demográficos. De 27 especies migratorias analizadas, 18 quedaron en verde, seis en rojo y tres en ámbar. Las especies en rojo incluyen la codorniz común, cinco anátidas (cuchara, silbón europeo, porrón europeo, ánade rabudo y Otra) y la cerceta común. El zorzal alirrojo, cuyo caza está paralizada en Madrid, aparece en ámbar.
El trabajo está encabezado por la directora del IREC, Beatriz Arroyo, quien también forma parte del Comité Científico de SEO/BirdLife. Esta doble pertenencia ha generado recelo en el sector cinegético, aunque no invalida los resultados. El informe reconoce limitaciones, como la dependencia de datos de captura declarados entre 2013 y 2018, con calidad variable y una parte de la información suministrada de forma voluntaria. Además, para cuatro especies de anátidas se detectaron tendencias invernales que contradicen la clasificación del semáforo, lo que sugiere posibles fallos en la estimación de poblaciones o en la delimitación de rutas migratorias.
Caza ilegal en la costa italiana: incautación de dispositivos de reclamo
En Castel Volturno, provincia de Caserta, una patrulla conjunta de la Polizia Provinciale y guardias voluntarios del WWF detuvo a siete cazadores recreativos que utilizaban dispositivos electrónicos de reclamo. Se incautaron tres aparatos, sus baterías, memorias USB con cantos de aves y mandos a distancia. La acusación se basa en la ley de caza italiana 157/1992, que prohíbe expresamente el uso de medios acústicos y electrónicos para atraer animales.
La normativa europea, como la Directiva de Aves (artículo 8 y anexo IV), también prohíbe la reproducción de cantos para la captura de aves migratorias. En Italia, la jurisprudencia del Tribunal de Casación ha confirmado que el mero uso de un dispositivo electromagnético constituye delito, aun sin la presencia de señuelos vivos. Casos similares se han registrado en Suiza y en otras regiones italianas, donde la caza furtiva de aves se vincula a actividades organizadas por grupos criminales locales.
Este episodio subraya la estrecha relación entre caza legal y actividades ilícitas, ya que la mayoría de los infractores son cazadores con licencia válida. Según el Comité contra el Asesinato de Aves, en la temporada 2025/26 el 72 % de los delitos de caza en Italia fueron cometidos por cazadores recreativos con permiso, mientras que sólo el 23 % correspondió a personas sin licencia.
En conjunto, las decisiones judiciales en España, el estudio europeo sobre sostenibilidad y los operativos contra el uso de dispositivos electrónicos revelan una tendencia creciente a cuestionar la normatividad tradicional de la caza. Las autoridades deberán equilibrar la gestión cinegética con la conservación de especies, garantizando que los datos científicos sean transparentes y que las normas de captura se apliquen de forma coherente en todo el territorio europeo.
