El Gobierno islandés ha anunciado que presentará en febrero de 2027 una reforma integral del Whaling Act la normativa que regula la caza comercial de ballenas desde 1949. La iniciativa contempla, entre otras cosas, la posibilidad de instaurar una prohibición permanente del sacrificio de cetáceos, aunque el texto definitivo aún no ha sido publicado. Mientras tanto, la temporada actual sigue en marcha: a 11 de septiembre la organización Humane World for Animals informó que se habían abatido 80 ballenas fin contra una cuota de 150.
Este intento legislativo se produce en un contexto internacional donde solo Noruega y Japón continúan con la caza comercial de ballenas. Desde la moratoria establecida por la International Whaling Commission en 1982 (aplicable a partir de la temporada 1985-86), Islandia abandonó la IWC en 1992, la reingresó en 2002 con una reserva a la moratoria y retomó las capturas en 2006. Norway mantiene una objeción formal a la moratoria, mientras que Japón se retiró de la IWC en 2019 y reinició la caza ese mismo año.
Antecedentes legales y históricos de la caza de ballenas en Islandia
La trayectoria islandesa está marcada por periodos de controversia y ajustes regulatorios. En mayo de 2023 la Autoridad Islandesa de Alimentos y Veterinaria evaluó 148 ballenas fin capturadas en la campaña anterior; de ellas, 36 fueron impactadas más de una vez y, en dos casos, los cetáceos requirieron hasta cuatro disparos, prolongando el proceso de muerte entre una y dos horas. Estas cifras despertaron dudas sobre el cumplimiento de la legislación de bienestar animal del país.
Organizaciones internacionales como la International Fund for Animal Welfare (IFAW) han manifestado su oposición a la práctica, declarando el 13 de febrero de 2026 que «no hay forma humanitaria de matar una ballena». La presión se ha traducido en críticas continuas a la gestión de los permisos, la ética del sacrificio y la sostenibilidad del recurso.
El proyecto de reforma del Whaling Act previsto para febrero de 2027
La reforma propuesta pretende revisar de manera exhaustiva el Whaling Act introduciendo la consideración de una prohibición permanente. Sin embargo, la medida no eliminará de inmediato la actividad: los permisos vigentes, otorgados en 2024 con duración de cinco años, permanecerán en vigor mientras el parlamento decida su futuro. El portavoz de Humane World for Animals, Wendy Higgins, describió la iniciativa como «una ley para detener la matanza que no puede llegar lo suficientemente pronto». Por su parte, el activista Luke McMillan advirtió que «la reescritura debe atender los derechos de los titulares de permisos hoy».
La empresa Hvalur hf. única operadora de la industria ballenera islandesa, cuenta con dos barcos captura y emplea alrededor de 150 personas durante la temporada (junio-septiembre). Su propietario, Kristján Loftsson, ha manifestado confianza en la capacidad de la compañía para continuar pese a la nueva normativa, citando la histórica resistencia de proyectos legislativos similares que han fracasado. Hasta la fecha la compañía ha abatido entre 80 y 85 ballenas fin, cifra que se sitúa por debajo de la cuota de 150 establecida para 2026.
Reacciones de los actores involucrados y posibles escenarios
El debate se intensifica tras la decisión de Japón de suspender las importaciones de carne de ballena islandesa en 2026, dejando sin comprador directo a la captura del presente año. La pérdida del mercado exportador debilita la viabilidad económica del sector, que hasta ahora había dependido de subsidios y de la demanda japonesa. Además, una cuota adicional de 168 ballenas minke permanece prácticamente intacta, reflejando la disminución del interés por especies secundarias.
Las encuestas de opinión pública muestran una sociedad dividida: el 41 % de los islandeses se opone a la caza, un 33 % la respalda y el 26 % se mantiene neutral. Este panorama, sumado a la mayoría parlamentaria que apoya la reforma y a la posibilidad de desafíos constitucionales sobre la libertad comercial y los derechos de propiedad de Hvalur, sugiere que la votación será crucial, pero no definitiva. En caso de aprobación, la legislación tendría que definir el tratamiento de los permisos actuales y afrontar posibles litigios, tal como ocurrió con suspensiones anteriores que se resolvieron en tribunales.
En síntesis, la iniciativa de febrero de 2027 representa un punto de inflexión para la caza comercial de ballenas en Islandia. Si bien la propuesta no garantiza el cese inmediato, combina factores estructurales –un proyecto de ley oficial, el respaldo de la mayoría gubernamental y la pérdida del principal mercado externo– que podrían inclinar la balanza hacia la eliminación definitiva de la actividad. El futuro de Hvalur y de los cetáceos islandeses penden de la decisión parlamentaria y de la manera en que se manejen los permisos ya concedidos.
