El próximo domingo 6 de septiembre, la plaza de San Marcelo en León será el escenario de una protesta significativa. A las 12:00 horas, cuidadores de gatos, protectoras y ciudadanos se congregarán para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Esta movilización se enmarca dentro de una protesta simultánea en 38 ciudades de España, impulsada por la plataforma ‘Los gatos tienen ley’.
La concentración en León está dirigida principalmente a la Diputación Provincial a quien los convocantes señalan directamente por su inacción. La realidad en la provincia, especialmente en los pueblos, es descrita como ‘desoladora’ tres años después de la aprobación de la ley. A pesar de la obligación legal de implementar el programa de Gestión Ética de colonias felinas (CER) la mayoría de los ayuntamientos, especialmente los rurales, han ignorado la normativa.
La realidad de las colonias felinas en León
Los organizadores denuncian que, salvo contadas excepciones, los ayuntamientos se limitan a cumplir el trámite formal de publicar el programa en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) pero luego lo paralizan sin asignar presupuesto real. Natividad Franco, miembro de Sacrificio Cero y gestora de colonias en la comarca del Páramo, destaca la falta de apoyo de la Diputación de León.
Franco señala que ‘la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los pequeños ayuntamientos’. Exige que las instituciones de rango superior, como la Diputación, intervengan con ayudas económicas y protocolos marco. Además, denuncia la falta de cooperación de las autoridades locales, que han ignorado sus reiteradas solicitudes de ayuda.
La carga de las gestoras de colonias
El movimiento ‘Los gatos tienen ley’ denuncia que la gestión de las colonias felinas recae principalmente sobre las personas gestoras, quienes asumen los costes de alimentación, esterilización y atención veterinaria. Mónica García, portavoz nacional de la plataforma, señala que ‘muchas gestoras, además de sentirse abandonadas por sus administraciones, tienen que enfrentarse a amenazas y hostigamiento simplemente por hacer una labor que debería estar respaldada por ellas’.
Las gestoras denuncian una doble realidad: asumir tareas y costes que deberían ser responsabilidad de las políticas públicas, mientras quedan desprotegidas frente a situaciones de hostigamiento y amenazas. García enfatiza que ‘no pedimos una nueva ley. Exigimos que se cumpla la ley que ya existe’.
El apoyo institucional y las excepciones
La protesta cuenta con el respaldo del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León. Pilar Rúa, vocal de Pequeños Animales, subraya que la aplicación de la ley es un asunto prioritario de coexistencia. Rúa afirma que ‘el CER y el control sanitario e identificaciones de gatos y gatas es una cuestión no sólo de bienestar animal, también de sanidad pública y convivencia ciudadana’.
Aunque algunos ayuntamientos, como el de Villaquilambre han destinado presupuesto para el programa CER, la urgencia de atender a los gatos ha agotado estos fondos. En Ponferrada las campañas de esterilización han beneficiado a 400 gatas callejeras. Sin embargo, en muchos otros municipios, la situación sigue siendo crítica.
La movilización en León busca que las administraciones asuman efectivamente la gestión de las colonias felinas y protejan a las personas que colaboran en ella. Los convocantes exigen que se pase de reconocer las obligaciones establecidas en la ley a aplicarlas de manera efectiva.
