El Real Decreto 986/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 13 de noviembre, establece que, a partir del 2 de enero de 2027, todo perro, gato y hurón que circule en territorio español deberá contar con un microchip y estar inscrito en el registro de la comunidad autónoma correspondiente. El objetivo es reforzar la trazabilidad, prevenir enfermedades y dificultar el tráfico ilegal de animales.
Características técnicas del microchip y papel del veterinario
El dispositivo, del tamaño de un grano de arroz, se implanta bajo la piel del cuello antes de que el animal cumpla los tres meses de edad y, por supuesto, antes de cualquier venta o cesión. Actualmente los chips llevan 15 dígitos; a partir de 2028 el código se ampliará a 23 dígitos, aunque los animales ya marcados no deberán ser recodificados. El profesional veterinario tiene la obligación de comprobar que la mascota no posee ya otro chip y de verificar que el número sea legible, garantizando así la fiabilidad del sistema.
Registro único y conexión entre comunidades autónomas
Se crea una base de datos central que interconecta los registros autonómicos, pero cada propietario debe inscribir a su mascota en el registro de la comunidad donde resida habitualmente. La normativa permite que una sola mascota aparezca en un único registro; los ayuntamientos no sustituyen sus bases locales, sino que comparten la información con el nivel nacional. Las comunidades disponen de 12 meses para adaptar sus sistemas, y los dueños tendrán otros 12 meses para actualizar los datos de sus animales.
Obligaciones del propietario y sanciones económicas
Quien cambie de residencia debe comunicar la nueva dirección y volver a inscribir al animal en el registro correspondiente en el plazo de un mes. En caso de venta o cesión, el nuevo titular dispone de tres días hábiles para notificar el cambio; si el animal fallece, la baja debe registrarse en un máximo de siete días. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones se tipifica como infracción grave, con multas que oscilan entre 10.000 y 50.000 euros según la Ley de bienestar Animal.
Perros de caza, pastoreo, guardia y seguridad
El decreto también incorpora a los perros cinegéticos, de pastoreo, de guarda de ganado y de actividades de rescate o seguridad. Estos animales deben figurar en el registro con la categoría que corresponda y, según el caso, aportar documentación adicional como licencia de caza o código de explotación ganadera. Aunque anteriormente estaban excluidos de la Ley de bienestar animal, el nuevo marco legal los incluye mediante la Ley de Sanidad Animal, sujetándolos a las mismas exigencias de identificación.
Anillado obligatorio para ciertas aves de compañía
Las aves incluidas en los futuros listados de mascotas –por ejemplo, periquitos, canarios y agapornis– deberán portar una anilla cerrada, colocada por el criador cuando la pata haya crecido lo suficiente. El propietario puede solicitar, opcionalmente, la implantación de un microchip como complemento o sustituto si el anillado supone un riesgo para la salud del ave. Para especies menores de 50 gramos que no pueden recibir un chip, será necesario un certificado veterinario que justifique la excepción.
Perspectiva para otros animales y régimen de multas
El Real Decreto prepara también la incorporación futura de reptiles, anfibios, peces y pequeños mamíferos, aunque aún no se ha definido el método de identificación. Estos casos dependerán de los listados que el Ministerio de Derechos Sociales apruebe. En lo que respecta a sanciones, los animales que estaban excluidos de la Ley de Bienestar Animal (como los perros de caza) estarán sujetos al régimen de la Ley de Sanidad Animal, con multas que pueden llegar hasta 1,2 millones de euros para infracciones muy graves. La escala exacta dependerá de la gravedad de la falta y de la normativa aplicable al tipo de mascota.



